El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dirimirá a partir de esta primavera la queja de una treintena de vecinos de San Fernando de Henares que solicitan en el contencioso administrativo una compensación mejor de la ofrecida por el gobierno regional tras perder su vivienda, plaza de garaje o local por culpa de la línea 7B de Metro. La llegada del suburbano a este municipio de 40.000 habitantes provocó un terremoto en el subsuelo: facilitó que el agua entrara en contacto con terrenos solubles, alterando su firmeza y causando tanto el hundimiento de la infraestructura (que lleva casi tres años cerrada en uno de sus tramos) como el de los edificios de la superficie. Como consecuencia, 73 viviendas han sido condenadas al derribo, y alrededor de 200 vecinos han tenido que abandonar sus casas. Ahora, casi 20 años después de que Esperanza Aguirre inaugurara en 2007 la línea 7B, su tragedia llega a los tribunales.
