La decisión del Ministerio de Hacienda de no adaptar el IRPF a la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) ha desatado un fuerte terremoto tanto dentro del Gobierno como en el resto de formaciones del arco parlamentario. Sumar, el socio minoritario de la coalición, y otros partidos que suelen servir de soporte al Ejecutivo —como Podemos, ERC, Bildu o BNG— rechazan de lleno la opción del departamento que dirige María Jesús Montero y prometen dar la batalla para revertirla. También se ha mostrado en contra el PP, que reclama una nueva actualización del mínimo exento del impuesto para que la subida aprobada por el Gobierno, de 700 euros anuales, quede íntegra en los bolsillos de los perceptores. Hacienda defiende que en los últimos años se han aprobado rebajas fiscales sin parangón para las rentas bajas y medias que han permitido que el SMI se librara de tributar, algo que ya debe llegar a su fin. En una comparativa europea, los datos oficiales muestran que las rentas más bajas solo pagan en impuestos un 6,7% en España, la cifra más baja de la UE y muy alejada de la media comunitaria, del 19%.
