Nadie en el sector pesquero recuerda haber vivido algo parecido a lo que sucedió en la tarde noche del martes pasado en Bruselas. Este año se esperaban nuevos invitados a esa batalla de baja intensidad que lleva 38 años librándose en Europa cada mes de diciembre, cuando llega el momento en que los ministros de Agricultura y Pesca se sientan a negociar hasta la madrugada —con altas dosis de teatralidad— cuáles serán las capturas de peces máximas que se permitirán por cada especie para el año siguiente (TAC) y cómo se repartirá por países esa capacidad de pesca. España, primera potencia del continente, con el 25% de la flota en términos de tonelaje (que indica la capacidad de almacenamiento) y una cuarta parte del empleo pesquero primario de la UE, lleva años quejándose de que sale mal parada del reparto. Tantos, que durante muchas Navidades el llamado Agrifish (reunión de ministros) ha dejado de ser noticia.
La historia de un sacrificio
Los peces no suelen ser propiedad de nadie hasta que han sido capturados. Las poblaciones de peces se consideran un recurso común salvaje que necesita una gestión colectiva. Y eso significa negociar. La Política Pesquera Común fue una de las primeras en compartirse en la UE y supuso que los países renunciasen a la soberanía de las aguas (las famosas 200 millas de zona económica exclusiva (ZEE) que se regularía en virtud del principio de igualdad de acceso). Pero el Reino Unido, Dinamarca o Irlanda buscaron una fórmula para protegerse de la previsible entrada de España y Portugal del año 86, y la encontraron al identificarse como regiones altamente dependientes de la pesca. Se creó entonces un sistema basado en la “estabilidad relativa”, que en la práctica supuso el veto de los españoles a ciertas zonas de las aguas comunitarias —los pescadores gallegos todavía recuerdan que tenían prohibido pescar en el llamado Box irlandés—. La historia desde entonces ha dado como resultado un complejo encaje de distintos intereses en los mares para adaptar la capacidad de pesca a los recursos existentes. Algo que se ha conseguido a trompicones y que a menudo deja una imagen poco amistosa del sector. “Así es difícil atraer a la gente a la pesca”, reflexiona Iván López, presidente de Agarba, asociación de buques de bacalao. Entre 2012 y 2022 la pesca española ha perdido 10.000 tripulantes y el consumo parece no tener suelo.
