La Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecía Álvaro García Ortiz antes de acceder a su actual cargo de fiscal general del Estado, ha enviado a todos sus asociados una carta en la que atribuyen al juez del Tribunal Supremo que investiga tanto a García Ortiz como a la jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, de dictar resoluciones que “responden a un modelo de investigación penal claramente inquisitivo, más basado en el intento de acreditar la culpabilidad en la que se cree que en el de averiguar la verdad”. En la misiva, firmada por el secretariado de la asociación y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, la UPF cuestiona la instrucción del juez Ángel Hurtado, que ha imputado por revelación de secretos a García Ortiz y a Rodríguez por la supuesta filtración de un correo electrónico relacionado con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por fraude fiscal.
