El tiempo aprieta. El fin de año está a la vuelta de la esquina y el Gobierno tiene varios asuntos pendientes en materia fiscal que pretende finiquitar cuanto antes, aunque asume que la brecha abierta en el bloque de investidura complicará sus planes. Ya tiene previsto aprobar el próximo lunes por decreto, en el último Consejo de Ministros de 2024, un nuevo impuesto energético tras encajar una sonora derrota política en el Congreso, que ha derogado el gravamen vigente gracias a una alianza entre Junts, PNV y el PP. Sabe, sin embargo, que el tributo ya está herido de muerte, pues los votos no suman para tramitarlo después en las Cortes. También deberá abordar la subida fiscal del diésel, un compromiso asumido con Bruselas para desbloquear una nueva entrega de fondos europeos, y corregir un fallo técnico en el impuesto a la banca. Todo ello, con las hojas del calendario que van cayendo y en un ambiente político de máxima incertidumbre: el Ejecutivo, sin mayoría, tiene que hacer constantes malabares en cada votación para contentar a sus socios tanto del ala derecha como izquierda.
