Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha presentado este martes al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley con el que se pretende reformar la Ley de Dependencia y la Ley de Discapacidad para adaptarlas, en primer lugar, a la reforma del artículo 49 de la Constitución (que eliminó el término disminuido en enero del año pasado) y, en segundo, a la convención de personas con discapacidad, que España ratificó en 2007 y entró en vigor en 2008. La reforma —a la que le espera la tramitación en el Congreso, donde hay una compleja aritmética parlamentaria— eliminará la incompatibilidad de prestaciones y refuerza la atención en los hogares. Desde la asociación estatal de directores y gerentes en servicios sociales critican que la falta de financiación limita su cumplimiento. Asimismo, recuerdan que hay 270.325 personas en lista de espera de una ley “que se sigue incumpliendo desde hace 18 años”, que cada 15 minutos fallece una de estas personas que están en lista de espera (34.252 solo en 2024) y que el tiempo de espera para la concesión de las prestaciones es de 334 días (en algunas comunidades incluso más de dos años). El gasto público en dependencia, 0,89% del PIB, se encuentra muy por debajo del promedio de la OCDE (1,55%). En change.org se han recogido ya 37.500 firmas para que el PIB dedicado a cuidados se incremente al 1,5%. Estas son algunas claves de la reforma que ha aprobado el Consejo de Ministros:
